La Prensa en España o la falta de objetividad

Aquí cada uno te cuenta la película según le parece.

Los riesgos de una ley innecesaria

ENTRE fabricar leyes y legislar hay una diferencia sustancial que un Gobierno responsable siempre debería tener en cuenta. En relación con el llamado matrimonio homosexual, aprobado ayer definitivamente por el Congreso, el Ejecutivo socialista ha ignorado esa diferencia. Ha olvidado que la tarea de un legislador es auscultar el pulso de la sociedad y acomodar la evolución de las normas al ritmo que los ciudadanos realmente demandan. La peor opción es, por contra, sumar escaños y decidir que la mayoría parlamentaria es condición necesaria y suficiente para imponerle a la sociedad modelos de comportamiento, alteración de valores y cambios institucionales, que debe aceptar aun cuando aquélla no los requiera o no esté preparada para recibirlos.

No es sensato que una reforma tan grave y radical se haya ventilado en un procedimiento parlamentario que apenas ha durado seis meses, que no ha atendido las importantes objeciones sociales y constitucionales que han planteado el Consejos de Estado y el CGPJ y que se va a incrustar en la sociedad como un factor de división. Podrá decirse que Canadá también ha aprobado una reforma similar, pero la excepcionalidad del caso -con España, son cuatro los países que en todo el mundo reconocen el matrimonio homosexual- y la fuerte contestación política y ciudadana que ha provocado deberían ser tenidos por avisos a navegantes. Puestos a buscar ejemplos, también serviría el de Suiza, que, por referéndum, ha rechazado el matrimonio homosexual a cambio de una ley de uniones civiles, sin derecho a la adopción.

ABC 1/VII/05

Conquista democrática

La ley de matrimonio homosexual, aprobada ayer en el Congreso por 187 a favor y 147 en contra, delimita mejor que ninguna otra el campo escogido por el Gobierno para actuar con la mayor urgencia en su primer año de legislatura: el de los derechos civiles, ampliándolos y favoreciendo su ejercicio a las minorías y a los colectivos que más dificultades encuentran a su reconocimiento en la práctica social. Los sectores políticos y religiosos opuestos a esta ley la tildan de sectaria, de ajena al interés general y de impropia de una sociedad ordenada, para restarle legitimidad. Olvidan que un rasgo de las sociedades democráticas y racionalmente ordenadas es procurar a las minorías los mismos derechos, con igual grado de protección legal y de amparo institucional de que gozan las mayorías.

La ampliación de la institución matrimonial a las parejas del mismo sexo supone un acto legislativo audaz, como lo han sido en la historia los que han abierto espacios de libertad personal y social, rompiendo tabúes y prejuicios erigidos, en muchos casos, en modelo normativo y moral único para toda la sociedad. Hoy eso no es posible, pues la sociedad española es plural: en lo político, en lo religioso, en lo sexual y en las formas de convivencia. El matrimonio homosexual no menoscaba al heterosexual ni ataca a la familia tradicional. Amplía ese derecho a un colectivo de ciudadanos hasta ahora excluidos del mismo en razón de su orientación sexual, algo prohibido por la Constitución, más allá de la cuestión del nombre, en la que se atrincheran quienes combaten la ley.

El Pais 1/VII/05